Es posible que la justificación más importante, para declarar la democracia como el sistema político menos malo, se refiera a que dispone de los medios para resolver los conflictos sociales sin emplear la violencia física que caracteriza las guerras de siempre.

Las guerras son luchas por el poder o para ampliar el poder de una de las facciones sobre la otra u otras, en las que se emplean todas las armas disponibles, sobre todo, a partir de la revolución en el arte de la guerra que introdujo Napoleón Bonaparte. Antes de él, al menos en Europa, las guerras tenían ciertas reglas que, generalmente, los contendientes cumplían.

Las herramientas de que dispone cualquier poder son, fundamentalmente, las que sirven para matar; su acumulación de recursos materiales; la información sobre el enemigo y otros asuntos importantes; su capacidad táctica y estratégica; la propaganda; y el respaldo poblacional con que cuente o le respalde.

Tachemos de la lista anterior la primera de ellas, referida a las armas que sirven para matar, y conservemos todas las demás.

La democracia es un régimen político que se funda en que las sociedades, los pueblos y las naciones se mueven dinámicamente por conflictos de poder entre diferentes personas o facciones. Presupone que las relaciones humanas son relaciones de poder de unos sobre otros.

El carácter pacífico que se atribuye a la democracia para la resolución de conflictos se restringe entonces, a la exclusión del uso de las armas convencionales en las disputas políticas.

Además, los sistemas democráticos de partidos, no prohíben la acumulación de poder económico por cada uno de ellos; la obtención de información de los partidos contendientes o de la población; el empleo de tácticas, estrategias, maniobras ideológicas, cambios de programas, etc.; la propaganda, sea verdadera o falsa; ni mucho menos, efectuar proselitismo para captar adeptos para sus respectivas causas. Todo ello, salvo que sean efectuados por medios que todos los contendientes se prohíban de forma consensuada, mediante legislaciones específicas.

Es obvio que la democracia, tal como la experimentamos en esta época, tiene mucho de guerra especializada en el manejo de la información y la comunicación, aparte de la obtención de dinero necesario para hacer la propaganda correspondiente.

Por otra parte, las legislaciones que limitan tales actividades políticas son de derecho positivo, no natural, lo cual las libera de posibles constricciones morales como pudieran ser las de atenerse a los principios de la verdad y del bien general.

Todo ello, al final, vierte en la cuantificación del número de ciudadanos que cada partido político consiga adherir a su facción por medio de las votaciones para elegirlos, lo cual fijará las cuotas de poder del Estado que se entregue a cada uno de ellos.

Obviamente, la benignidad de dicho régimen tiene como principales defensores a todos aquellos miembros de la población que tengan aspiraciones de poder, empezando por los políticos profesionales.

No obstante, el principal problema que puede tener el funcionamiento intrínseco de dicho sistema se encuentra en si la soberanía que se le supone al pueblo, como mandatario de las acciones políticas de los elegidos, recae, o no, en dicha población.

Es, obviamente, el problema de la sustantividad.

Si cualquier partido tiene el derecho legal de operar sobre la población, con el tipo de propaganda que le parezca oportuno, incluyendo las falsedades que desee, la población no podrá tomar sus decisiones conforme a lo que de verdad le espera una vez entregado el poder a quién la sedujo con engaños y falsas promesas. Elegirá bajo engaño, de mayor o menor calado, privada de realidad y, por lo tanto, sujeta a la voluntad de quién o quiénes la engañaron. Esa es una forma básica de maquiavelismo tolerada por el sistema.

Está claro que, en dicho contexto, la verdad no importa y lo único que importa son las apariencias, íntimamente conectadas a su impacto para la adhesión de las voluntades de las personas que las reciben.

En relación con esto, se monta un enorme teatro de apariencias destinado a un público, ya sea local o mundial, que tiene ante sí la elección entre, dejarse llevar por las apariencias, o iniciar una investigación científica en profundidad para averiguar, en cada caso, que verdades ocultan las apariencias que se le ofrecen. Esta última tarea requiere tal esfuerzo que, por desgracia, la mayor parte de la población no está en condiciones de efectuar.

El funcionamiento del sistema puede encontrarse dentro de ciertos límites tolerables cuando las partes contendientes aceptan, por consenso de todas ellas, una ciertas reglas generales como puedan ser las leyes de un Estado, pero si una o más fuerzas rompen dicho consenso, la cosa se pone fea.

A la democracia no consensuada, privada de violencia física, pero que permite múltiples formas de violencia informativa, se le abren las puertas a niveles mucho más altos de intoxicación y envenenamiento informativo sobre la población, lo cual debería frenarse mediante alguna forma de censura comunicacional, que, al menos, contuviera la violencia informativa dentro los límites que aconsejan los estados de guerra convencional.

No obstante, en dicho momento, se justificaría perfecta y democráticamente la prohibición de mentir a todos los políticos y ciudadanos influyentes, medida que sería mucho más eficaz que cualquier otra. Prohibido el empleo de las falsas apariencias durante algún tiempo encontraríamos algo parecido a una auténtica paz de espíritu que es lo que democráticamente deseamos la mayoría de la población.