A la vista del régimen que tenemos parece que solo caben dos alternativas. La primera es que nuestra democracia esté plagada de imperfecciones. La segunda es que la democracia no sea el menos malo de los sistemas posibles, sino que sea uno de los peores.

En el primer caso, lo que haría imperfecto a dicho sistema sería el conjunto de personas que lo aplican, mientras en el segundo, sería el propio sistema el que empeoraría la acción de las personas.

No obstante, cabe otra posibilidad referida a que el problema fuera específico de la democracia española y no ocurriera lo mismo o parecido con dicho modelo aplicado en otras naciones o comunidades.

Es posible que todos tengamos en mente un sistema ideal en el que la soberanía resida en el pueblo, que busca su propio bien por medio de sus fidedignos representantes, lo cual le mantiene protegido de cualquier forma de dictadura o de tiranía y conduce a la sociedad por caminos aceptables.

Si eso fuera así, entonces la sacralización de este primer gran dogma del mundo actual estaría justificada, pero si no lo fuera habría que replantearse todo o casi todo en lo que consiste y revisar las consecuencias que de él se puedan estar derivando.

Ahora bien, la posibilidad de que el problema no sea inherente al modelo político tiende a desvanecerse a la vista de los serios problemas sociopolíticos que también ocurren en muchos otros países en los que impera.

Una prueba de la verosimilitud de esta consideración referida a que se trata de un modelo de organización política universalmente poco deseable la aportó el dramaturgo noruego Henrik Ibsen (1828-1906) al escribir el drama Un enemigo del pueblo[i] en 1882 que está fundado en hechos efectivamente ocurridos o, como se dice ahora, en hechos reales.

Se cumplen actualmente 137 años de su publicación y el sistema político que Ibsen somete a crítica en dicha obra de un modo sencillo y ejemplar es tan parecido al actual que, si no fuera porque todo cuanto describe no ha hecho más que exacerbarse, diríase que ha sido escrito en la actualidad.

El Dr. Stockmann, protagonista del drama, médico en su pueblo natal y encargado del control sanitario del balneario —negocio que es la principal fuente de ingresos de la localidad—, descubre que las aguas del balneario están contaminadas hasta el punto de que su estado es comparable a una fosa séptica por lo que, lejos de ser saludables como la publicidad sostiene para captar clientes, son extremadamente peligrosas para la salud.

El médico, que inicialmente confía en su hermano el alcalde, en los profesionales del periódico local y en los vecinos del pueblo acaba siendo acorralado por los poderes políticos, ideológicos, económicos y periodísticos, que en la práctica forman un único bloque de poder, el cual conculca el bien general de una sociedad en la que impera la democracia liberal.

Los intereses económicos de los propietarios del balneario, de parte de la población y de los periodistas que trabajan en el periódico local, se constituyen en el móvil para silenciar y ocultar el informe negativo del Dr. Stockmann y, en vez de resolver el problema, determinan que el balneario siga en funcionamiento con el consiguiente riesgo para los usuarios.

El modo asambleario mediante el que se toma la decisión por mayoría absoluta sin atender a razones y en pleno griterío de los asamblearios, llevará al Dr. Stockmann a afirmar su descubrimiento de que la mayoría absoluta es la maldad puesto que nunca tiene razón.

Las presiones sobre el Dr. Stockmann para que cambie o elimine su informe no le hacen ceder y acaban quitándole el puesto de médico del balneario y de la propia localidad, además de considerarle “enemigo del pueblo”, por lo que tratan de forzarle a que abandone la localidad con su familia.

En esa tesitura, el Dr. Stockmann cuya hija es maestra en la escuela local, decide que lo único que puede hacer para ayudar a su pueblo es montar una nueva escuela con ayuda de su hija para educar a niños y jóvenes con el fin de regenerar el vecindario y que sucesos como los ocurridos no sucedan en el futuro.

Los intereses demagógicos del alcalde que es sostenido en su puesto por servir a los accionistas del balneario coinciden con los periodistas y editores del diario local -que irónicamente se llama El Heraldo del Pueblo-, y que es financiado por los mismos que sostienen al alcalde.

En definitiva, quienes poseen los mayores capitales mandan en los periodistas, los cuales obedecen a pies juntillas publicando lo que interese a sus dueños y, sin respeto alguno por la verdad ni por el daño que puedan hacer a los lectores, manipulan a la población sin escrúpulo alguno.

El régimen de la democracia liberal estructurada en partidos políticos funciona al servicio de los grandes capitales que controlan a los medios de información y a los partidos. Si, por otro lado, examinamos el régimen de la democracia popular o comunista de partido único, este funcionará al servicio directo del partido que aglutine todo el poder político, por lo que dispondrá de toda la economía nacional y del control de todos los medios de comunicación. En ambos casos, el adjetivo que acompañe al tipo de democracia de que se trate hace estructuralmente imposible la propia democracia.

Si en vez de denominar a estos regímenes con el término democráticos, se les denomina como de representación política de la población o simplemente representativos, aun se pone más en evidencia la falacia que se atribuye a la relación «representante – representado».

¿Quién es el representante y quién el representado por él? Esto generalmente forma parte de un misterio difícilmente resoluble.

Quienes controlan la comunicación de los grandes medios, la educación en las escuelas, las atmósferas sociales y formativas, y, en general todas las creencias sociales y su formación, determinan la conducta del votante, lo cual invierte por completo el sentido del término democracia. No es el político o el representante el que efectúa acciones en dependencia del sujeto que le demanda lo que debe hacer, sino que es el votante quien efectúa las acciones bajo la influencia de aquel.

Ahora bien, la democracia actual no es solo una democracia liberal, ni tampoco es solo una democracia popular, sino que es ambas cosas. Por un lado, está el poder económico de los grandes capitales, que incluye a los grandes medios de comunicación y, por otro, el poder económico del estado que está controlado por el partido que más diputados consiga, si bien tal poder económico procede directamente de los impuestos extraídos a la población.

Estamos, por tanto, ante un duopolio en el que ambos poderes oligárquicos funcionan de forma conjugada y se coordinan para conseguir que la población funcione a su servicio pero creyendo que ella misma es el poder soberano que rige las políticas nacionales o las comunidades internacionales.

El conjunto de dogmas que componen este enfoque político, benignado hasta la saciedad, está tan arraigado en la población que verdaderamente la mayor parte de ella cree firmemente que tiene algún poder de decisión en las políticas que se llevan a cabo en la nación en la que vive.

El principio de lograr el bien de la nación y el bien general, que estructura una sociedad propiamente dicha, queda convertido, en el mejor de los casos, en una simple apariencia o a su inclusión en discursos políticos meramente estéticos.

Si a esto se añade la situación en que se encuentra el principio de la verdad —que supuestamente se invoca en la ética profesional periodística—, al tiempo que ha dejado de tener vigencia en la mayor parte de los sectores sociales a remolque de los políticos y económicos, y, en última instancia de la disolución de la metafísica y el enorme declive de la filosofía, hemos de concluir que sin los principios reales, cuya situación de solidez o de debilidad determina la buena o mala marcha de cualquier actividad humana, ningún régimen político puede ser bueno.

Pero es que la democracia sin principios reales que la determinen se acaba convirtiendo en el régimen que peor pronóstico tiene, debido a la falsa creencia inculcada en el pueblo de que es él mismo el sujeto de todo cuanto ocurre, eximiendo de responsabilidad a los poderes que, en última instancia, constituyen y conducen a la población por donde les interesa.

Así, el poder sustituye a la realidad tras un largo proceso de demolición del que la mayor parte de la población lo ignora todo, por falta de información, por ausencia de formación, por su propia corrupción y por la descomunal manipulación a la que es sometida.

Visto así, la mal llamada democracia en que estamos no es un simple régimen político, sino un complejo sistema de pensamiento para la demolición de todos los cimientos de la humanidad, la naturaleza, la cultura y a la realidad en sí.

No obstante, actualmente asistimos al inicio de una desafección de alguna parte de la sociedad que empieza a tomar conciencia del verdadero estado de indefensión que le genera el régimen político vigente, si bien, el descontento parece limitado al problema de la representatividad o al del propio sistema en su dimensión política y solo, en relativamente pocos casos, se toma conciencia de la brutal violencia que sufre la humanidad por la erosión de los principios naturales y reales.

En conclusión, la solución que ofrece Ibsen por medio del Dr. Stockmann, parece la única posible: volver a empezar por las escuelas.

[i] IBSEN, HENRIK; Un enemigo del pueblo. Drama en cinco actos; intr.  Juan Antonio Garrido Ardila; trad. Juan Antonio Garrido Ardila y Katrine Helene Andersen; Alianza Editorial; Madrid, 2013