No parece descabellada la denominación de la industria periodística como “el cuarto poder”, dado que es de las profesiones elegidas cuya actividad se encuentra respaldada por la distinción de constituir un derecho universal.

Como receptor de dicha información reconozco que, en una parte de las ocasiones en que soy informado, la agradezco por diversas razones como son, su veracidad, su utilidad o su pertinencia. En otras ocasiones, sin embargo, no la puedo agradecer por otra diversidad de razones.

Como emisor de información que es recogida por el periodismo, para transmitirla a través de sus medios, tengo poca experiencia, por lo que no puedo opinar gran cosa.

El asunto de los derechos nunca es sencillo. A veces parecen como derechos nominales o como simples ideales, aunque en otras, dan la impresión de que son presupuestos que rigen las actividades de grupos organizados para su propagación y subsiguiente implantación, o, también, ideas fuertes de alguna ideología para hacerse con mayores cotas de poder.

En otras ocasiones, su propia complejidad les quita el rango al que aspiran de estar destinados a una aplicación universal.

En relación con el derecho a informar, parece dejar fuera otras acciones o actitudes que, también, están relacionadas con la información. Me pregunto si existe el derecho a no informar acerca de aquello que el periodista, o cualquier otra persona, consideren que no se debe comunicar, ya sea en general, o de forma específica.

Si tal derecho tuviera el mismo reconocimiento que el derecho a informar, entonces, el periodismo debería hacer uso de él. Su enunciación sería la de un derecho a informar y, también, a no informar.

Ahora bien, los derechos de los receptores de la actividad informativa, también deberían establecerse en los mismos ejes, puesto que, sin su participación, cualquier comunicación sería absurda.

Así, el derecho del posible receptor a ser informado, habría que extenderlo al derecho a no ser informado, aunque solo fuera por el aluvión de información que le llega por todas las vías posibles, de la que no puede hacer una selección previa.

Se dirá que, quien no quiera ser informado, no tiene más que ahorrar dinero en periódicos, no poner la televisión, ni la radio, y ya estará disfrutando del mismo. No obstante, tal medida, le privaría de su derecho a ser informado de todo aquello de lo que necesitaría o desearía serlo.

Por otro lado, están las personas que son fuentes de información susceptibles de convertirse en noticias.

En este grupo están los que quieran que se informe de ellos o de algo de ellos, los que no quieren y el grupo de los indiferentes.

Es obvio que si se reconoce el derecho de este último grupo a que se informe y, también, a que no se informe de ellos, pueden surgir múltiples conflictos entre el derecho de éstos, por un lado, y los derechos de los informadores, por otro.

Además, no todos los grupos de la población pueden considerarse iguales en términos de tales derechos. Por ejemplo, ya se reconocen algunos derechos de los menores a no ser objetivos de las cámaras o a no recibir contenidos para adultos restringiendo la emisión de éstos a determinados horarios, pero todo esto está muy lejos de tener una eficacia deseable.

Ahora bien, tal vez el mayor problema al respecto del periodismo es que, su ejercicio autónomo, es mucho menor que el que se ejerce dentro de empresas periodísticas. De hecho, no está claro si el derecho a informar es un derecho de las industrias de la comunicación o de los individuos que trabajan en ese campo, o esto se resuelve con el derecho del posible receptor a ser informado.

Las industrias de la comunicación necesitan tener beneficios económicos para sobrevivir en un entorno de economía muy competitiva. Aunque ese no sea su objeto social, se trata de uno de sus objetivos principales.

Una primera cuestión es cómo afecta la persecución de beneficios económicos a la propia actividad periodística y, por tanto, a su calidad informativa. Otra cuestión importante es el riesgo a acceder a regímenes sectoriales de oligopolios, duopolios o monopolios, derivados de la propia competencia en el libre mercado.

Así, el dinero y el poder, pueden constituirse en un serio enemigo de la calidad informativa, e, incluso, caer en la demagogia de darle a la gente lo que quiera ver u oír, con independencia de la clave principal de la calidad informativa, que es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, igual que en el ámbito jurídico.

Un último asunto, que no debemos olvidar dentro de un asunto tan complejo, es el que se refiere a los posibles sesgos informativos causados por la adscripción ideológica de los medios o de los propios periodistas.

Cuando el periodismo se pone al servicio de la propagación ideológica, colaborando, por ejemplo, en programas de ingeniería social, tal vez ni siquiera quepa hablar de periodismo.